Las maniobras dilatorias del suspendido juez Pedro Federico Hooft para evitar declarar ante la justicia por su presenta participación en 148 delitos de lesa humanidad parecen ir llegando a su fin. Hace apenas diez días atrás, no sólo no se había presentado a prestar declaración indagatoria en elJuzgado Penal Federal 1, sino que también había recusado al juez federal, Martín Bava.
Sin embargo, la Fiscalía se interpuso ante las distintas estrategias a las que apela Hooft para demorar su posible destitución y condena, y pidió que se lo llame a declarar por la fuerza. La fecha de la nueva audiencia es el 16 de abril.
En declaraciones a FM Residencias, el fiscal federal Claudio Kishimoto explicó este lunes que la solicitud se fundamenta en que la fiscalía considera que tras la suspensión de su cargo, Hooft perdió además los fueros. "Creemos que por la ley de enjuiciamiento y separación de magistrados involucrados en situaciones similares a estas, puede darse una interpretación en los artículos 1 y 4, y podría entenderse que las personas que fueron separadas de sus cargos ya no tendrían el amparo de sus fueros", especificó.
"En función de eso, sostenemos la posibilidad de que el juez (Bava) pida algún tipo de medida coercitiva para, de alguna manera, obligar al doctor Hooft a presentarse a responder o declarar en los términos de la indagatoria", puntualizó.
Si bien aclaró que se trata de una interpretación ellos hacen de la normativa y "podría ser discutible", subrayó que para ellos es "una lectura justa".
"El juez Bava lo ha vuelto a llamar a indagatoria para el 16 de abril, así que habrá que esperar que se presente. Mientras tanto, el juez federal ha hecho algunas presentaciones ante el jury porque podría surgir un impedimento técnico que es que, en tanto y en cuanto la separación del cargo que se decidió en el jury de enjuiciamiento no sea definitiva, no se lo podría obligar a comparecer por la fuerza", señaló.
Por otra parte, respecto de los resultados que podrían tener los distintos artilugios implementados por Hooft para evitar dar explicaciones ante la Justicia, Kishimoto afirmó que pese a que la "recusación es una herramienta que está siendo utilizada por la defensa del doctor Hooft", en el caso de la presentada contra Bava "no está prosperando" y, hasta el momento, "no es un camino viable".
Por último, el fiscal evaluó que "es innegable que el papel de la justicia en los años del gobierno militar no ha sido del todo ajustado a derecho" y por ello consideró que en el sector "habría que hacer un mea culpa".
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